La determinación fue adoptada tras una reunión realizada el 25 de febrero entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Comité Cívico del Suroeste.
En el encuentro participaron alcaldes de algunos municipios del suroeste antioqueño, así como representantes de los transportadores, comerciantes y del sector industrial de esta zona, quienes reiteraron su preocupación por el impacto que las intervenciones podrían generar en la movilidad y en la dinámica económica de la región.
Durante la reunión se evaluó el estado actual de las obras y se revisaron las acciones implementadas para mitigar los efectos sobre el tránsito vehicular. Como resultado del diálogo, se acordó descartar cierres totales y avanzar en la puesta en marcha de una prueba piloto de pasos controlados.
Esta medida busca permitir la continuidad de los trabajos sin interrumpir completamente la circulación, reducir la congestión y proteger la actividad comercial y productiva del corredor vial y de las comunidades cercanas.
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